| Programa: | Buen vivir: Calidad de vida urbana y rural |
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Antecedentes
Por las cifras encontradas de inestabilidad en el hogar, violencia intrafamiliar, abuso, embarazo precoz, consumo de sustancias psicoactivas, intolerancia e intentos o suicidios consumados, se evidencia la pertinencia de lo consignado en la Ley 1620 de 2.013, “por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”, Sistema mediante el cual se reconoce y se invita a compartir y coordinar actividades entre los individuos, las familias, la sociedad, las instituciones y el Estado para avanzar en el mejoramiento de las condiciones que favorecen el bienestar de todos.
La articulación de dicho Sistema corresponde a los Comités de Convivencia a nivel nacional, departamental, municipal y escolar, en los cuales deben de concurrir las instituciones de Educación, Salud, Cultura, ICBF, Fiscalía, Medicina Legal, Policía de Infancia y Adolescencia, Comisarías de Familia, Personería, representantes de las familias y la sociedad, quienes a partir de los hallazgos puedan diseñar e implementar acciones de promoción, prevención y atención integral de las dificultades psicosociales de la población. Para ello se han diseñado unos protocolos que orientan la atención de los casos, las competencias de cada instancia y de cada entidad, las formas de remisión y seguimiento de los casos con la confidencialidad debida y los mecanismos para acopiar la información y formular los programas de promoción, prevención, formación y atención más adecuados y pertinentes.
Todo lo anterior debe de ir debidamente documentado y registrado en el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar SIUCE, de tal forma que cada entidad pueda saber qué viene sucediendo con cada caso, actuar en consecuencia e incorporar las recomendaciones a que haya lugar de acuerdo a sus competencias, tal como lo establece el título IV del Decreto 1965 de 2.013, para lo cual hay protocolos de atención bien formulados y la plataforma SIUCE ha sido suficientemente probada en grandes ciudades, corregida y desarrollada. Más aún, en la mayoría de colegios y otras entidades se han asignado psico orientadores y se han formado funcionarios para nutrir el Sistema de Información, hacer seguimiento a los casos e inferir recomendaciones para los programas de promoción, prevención y capacitación.
Tendencia actual
La pregunta sería entonces: ¿Por qué este valioso proyecto está descuadernado luego de 10 años en nuestros municipios?, hipótesis muchas: no ha sido prioridad de las autoridades locales y rectores, o lo urgente no da lugar a lo importante; el análisis institucional sugeriría que al “pasar a la clausura organizacional” la prioridad es la supervivencia, en cuyo caso apenas se hace lo necesario para “curarse en salud”; algunos psicoanalistas “mal pensados” podrían decir que hay resistencias para sacar del registro de lo imaginario (lo innombrable), ese gran número de casos y entonces los analistas institucionales responderán; claro, ¿no ve que la Ruta y el SIUCE son dispositivos y por ello intentan cercar el imaginario y obligarlo a hablar?, los empiristas dirán: hay que diagnosticar la Ruta y el SIUCE, ¿cuántos casos se han atendido, documentado, registrado y seguido?, que resultados pueden inferirse?, ¿qué programas se han diseñado con base a tal información?, en su epidemiología ¿dónde están registrados?, etc.
Definiendo el rumbo
Al respecto podrían adoptarse al menos tres rutas:
- Diagnosticar antes de actuar, es decir medio paralizar el proceso durante meses o años y con muchos recursos saber qué pasa con las hipótesis mencionadas y otras tantas, otra “exhaustiva investigación” que ya sabemos cómo termina,
- Cursar copias a la procuraduría y demás “ías” por negligencia e incumplimiento de la Ley, lo que conducirá a otras “exhaustivas investigaciones” o
- Re-emprender todo el proceso de formación, capacitación, coordinación e implementación de la Ruta y el SIUCE, a partir del Comité de Convivencia departamental y establecer un sistema de monitoreo con los organismos de control, apelando fundamentalmente al interés y compromiso social e institucional en el tema, especialmente de los alcaldes y del Comité de Convivencia Municipal. Un proyecto de tanta importancia, en el que casi todo ya está hecho y requiere pocos recursos adicionales vale la pena.